El ICCWC considera que la "vida silvestre" se refiere a toda la fauna y la flora silvestres, incluidos animales, aves y peces, así como los productos forestales madereros y no madereros. Los "delitos contra la vida silvestre" se refieren a la apropiación, comercialización (provisión, venta o tráfico), importación, exportación, procesamiento, posesión, obtención y consumo de flora y fauna silvestres, incluidos la madera y otros productos forestales, en contravención a las leyes nacionales o internacionales
La gravedad de los delitos contra la vida silvestre
El mundo se ha enfrentado a los delitos contra la vida silvestre durante decenios, pero en los últimos años se ha producido un cambio en la escala y la naturaleza de esta actividad ilícita. Los delitos contra la vida silvestre se han convertido en una grave amenaza para la seguridad, la estabilidad política, la economía, los recursos naturales y el patrimonio cultural de muchos países y regiones. Actualmente, amenazan la supervivencia de algunas de las especies más carismáticas del mundo, así como de muchas otras menos conocidas. El tráfico de fauna y flora silvestres puede destruir los recursos naturales de los que dependen las economías y los medios de subsistencia nacionales. También socava los esfuerzos de conservación, así como los esfuerzos por eliminar la pobreza y desarrollar oportunidades económicas sostenibles para las comunidades rurales
La adopción de varias resoluciones, declaraciones y manifiestos en diferentes foros y a los más altos niveles refleja el aumento de la preocupación política por los devastadores efectos de la caza furtiva y el comercio ilegal de vida silvestre. Entre estos instrumentos figuran, por ejemplo, las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobadas en 2015, 2017 y 2019, que ponen de relieve la gravedad del problema, la participación de grupos delictivos organizados y la necesidad de realizar esfuerzos coordinados y decididos para combatir eficazmente el tráfico Ilegal de especies silvestres. Además, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en septiembre de 2015, hacen un llamamiento para proteger la fauna y flora silvestres así como los ecosistemas de los que estos dependen, y abordan la lucha contra el tráfico ilegal de especies silvestres a través de metas específicas en el Objetivo 15: Vida de Ecosistemas Terrestres.
El aumento de la participación de los grupos de delincuencia organizada ha modificado la dinámica necesaria para combatir los delitos contra la vida silvestre. En consecuencia, las autoridades de aplicación de la ley de todo el mundo se enfrentan a una tarea cada vez más difícil y compleja al tratar de intensificar el combate contra los delitos contra la vida silvestre. Las actividades de esos grupos delictivos organizados trascienden las fronteras nacionales y los continentes, y el fraude, la falsificación, el blanqueo de dinero, la violencia y la corrupción a menudo están estrechamente vinculados a diversas formas de delitos contra la vida silvestre. Para obtener más información, haga clic aquí.
¿Cuáles son los desafíos para lograr la aplicación efectiva de la ley?
Los organismos nacionales de aplicación de la ley de vida silvestre se enfrentan a muchos desafíos, entre ellos el de encarar la naturaleza cada vez más compleja de los delitos contra la vida silvestre. Entre los desafíos figuran: la mala gobernanza, la legislación inadecuada, la falta de equipos, las limitadas oportunidades de capacitación, la dificultad de acceso a instrumentos modernos de aplicación de la ley, como el apoyo analítico y forense, la falta de capacidad para recabar información y de prácticas de gestión de riesgos, y la falta de concienciación entre los fiscales y el poder judicial de la gravedad de los delitos contra la vida silvestre. Las técnicas especiales de investigación, como las utilizadas por las Unidades de Inteligencia Financiera, son a menudo poco utilizadas en las investigaciones de los delitos contra la vida silvestre. Los funcionarios encargados de la aplicación de la ley en materia de vida silvestre también carecen a menudo de paridad con sus homólogos de los servicios de aduanas y de policía, y debido a la naturaleza variada de los delitos contra la vida silvestre, pueden estar insuficientemente preparados para responder eficazmente a los retos que éstos plantean.
Una aplicación de la ley de vida silvestre mal orientada y mal dirigida puede suponer una carga excesiva para la población rural y las comunidades locales. También puede debilitar involuntariamente el tan necesario apoyo a las actividades de aplicación de la ley y desviar recursos clave de donde más se necesitan. Como sucede con otras formas de delincuencia, la aplicación de la ley de vida silvestre debe realizarse de conformidad con los requisitos nacionales para respetar debidamente los procedimientos, los derechos humanos, la seguridad pública y los derechos de los acusados.